Tercer Sector y Discapacidad: entre servicios, derechos y empoderamiento.

Las entidades del Tercer Sector de la Discapacidad constituyen un engranaje fundamental del ecosistema de apoyos que sostienen la vida de miles de personas con discapacidad y sus familias en nuestro país. Son espacios donde se prestan servicios que no siempre están garantizados por el sistema público, se impulsan derechos históricamente vulnerados, y se generan redes de acompañamiento, identificación y empoderamiento colectivo. Estas entidades no solo gestionan recursos, sino que también construyen comunidad. Su trabajo abarca desde el apoyo individualizado hasta la incidencia política, desde la atención en centros de día hasta las campañas por una accesibilidad universal o la denuncia de las barreras sociales y culturales que persisten. Son, en muchos casos, un refugio frente a la soledad y el abandono institucional.

¿Quién habla por quién? El debate sobre la representatividad.

Este papel protagonista del Tercer Sector no está exento de críticas. Desde algunos sectores del activismo por los derechos de las personas con discapacidad se cuestiona que muchas de estas entidades estén lideradas por profesionales o familiares, en lugar de por las propias personas con discapacidad, aunque es una realidad que está cambiando y ya hay muchas entidades lideradas por personas con discapacidad.

Se señala una posible desconexión entre quienes toman decisiones y quienes viven en primera persona las consecuencias de esas decisiones. Esta crítica tiene un fondo legítimo: el derecho a la participación y a la autogestión es parte inseparable de un enfoque basado en derechos humanos, como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006).

Sin embargo, deslegitimar de forma generalizada a las entidades sociales es injusto y poco eficaz. Muchas de ellas han sido, y siguen siendo, palancas de cambio real, abriendo espacios de participación, formación política y liderazgo para las personas con discapacidad. Más que eliminar, se trata de transformar: de pasar del “por” al “con” y del “con” al “desde”.

La cuerda floja de la financiación y la precariedad laboral.

El panorama económico del Tercer Sector de la Discapacidad es una historia que, lamentablemente, suena conocida: recursos insuficientes, dependencia de convocatorias públicas inestables y, en consecuencia, una estructura organizativa frágil. A pesar de su papel esencial en la provisión de servicios —como transporte adaptado, formación para la vida independiente o apoyo a la inserción laboral—, muchas entidades sobreviven con presupuestos limitados. Esta situación pone en riesgo los servicios prestados e incide negativamente en la calidad del empleo en el sector.

Las y los profesionales que trabajan en estas organizaciones —educadoras sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, fisioterapeutas, personal de apoyo— lo hacen muchas veces desde la precariedad: contratos parciales, salarios bajos, escasas posibilidades de desarrollo profesional. En este sentido, también se ha señalado la feminización del empleo en el Tercer Sector de la Discapacidad, ya que una proporción significativa de estos puestos son ocupados por mujeres, en su mayoría jóvenes y con altas tasas de temporalidad. Este fenómeno tiene implicaciones directas, ya que se asocia con una menor retribución económica y una mayor inestabilidad laboral, exacerbando las desigualdades de género presentes en el ámbito del empleo. Como señala el último informe del Observatorio del Tercer Sector, más del 40% de las entidades encuestadas reconocen tener dificultades para mantener sus plantillas debido a la inestabilidad económica. Todo esto mientras se les exige una profesionalización creciente y una calidad de atención irreprochable.

Reivindicar con autocrítica: una defensa que no se conforma.

El Tercer Sector de la Discapacidad tiene mucho que reivindicar, pero también mucho que repensar. Su valor es indiscutible como sostén de derechos y proyectos de vida, especialmente en un contexto donde el Estado no siempre llega. Pero esa defensa debe ir acompañada de una mirada autocrítica que permita revisar estructuras, abrir procesos participativos reales y garantizar que el lema “nada sobre nosotros sin nosotros” no se quede en una pancarta bonita.

Reivindicar el sector pasa por exigir una financiación estable y adecuada, pero también por repensar su modelo de gobernanza y relación con las personas a las que dice representar. Si no se transforma en una plataforma de poder colectivo, corre el riesgo de convertirse en una correa de transmisión entre la administración y las personas con discapacidad, sin capacidad real de cuestionar lo establecido. Y eso sería una pérdida que no nos podemos permitir.

De todo ello pueden hablar las entidades de la Red Innicia que trabajan en el ámbito de la discapacidad. La Red Innicia es un proyecto impulsado por la Asociación Innicia en el que más de 70 entidades de diferente naturaleza aúnan esfuerzos para ofrecer una atención integral a todas las personas y colaboran juntas en proyectos sociales con financiación tanto pública como privada.